Éste es el lema que nos convoca cada 24 de marzo y hoy, a cuarenta y nueve años de la recuperación de la Democracia, volveremos a expresarnos y seguir pidiendo que no se olvide, y sobre todo que se deje de ensuciar la historia.
¿Por qué MEMORIA?
Algunos afirman que los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo, por lo que se cree que la memoria sería una suerte de salvaguarda o una necesidad para no caer en un círculo vicioso. Sin embargo, prefiero pensar que la memoria es un compromiso ético-político, aunque internarnos en sus sendas nos conmocione hasta el punto de querer olvidar.
Los pueblos debemos recordar nuestras tragedias del pasado, porque son esas heridas las que nos hacen ser lo que somos en el presente, nos dotan de identidad. Y el nuestro sí que es un pueblo lleno de cicatrices. Desde el genocidio y expoliación económica que significó la conquista, pasando por las guerras independentistas; luego, los fuertes enfrentamientos interinos, el cuasi exterminio de los pueblos originarios, las luchas obreras y de las mujeres y sus mártires; los golpes cívico-militares que conllevaron represión y terrorismo de Estado; la Guerra de Malvinas, el corralito, y podemos seguir...
Y no basta con tan sólo recordar, porque el recuerdo es individual, pero, en cambio, la memoria es colectiva, de ahí que son los pueblos los que deben realizar ese ejercicio y éste sólo es posible cuando las generaciones poseedoras del pasado lo vamos transmitiendo a las nuevas. Por ello, justamente, es tan importante el rol que tiene la Educación Pública en este ejercicio de la memoria. La escuela ha sido la institución que el Estado moderno construyó no sólo para impartir conocimientos, sino también para transmitir aquellos valores éticos que nos constituyen como sociedad.
Por ello no claudicaremos ni tampoco renunciaremos jamás a ese compromiso.
¿Por qué VERDAD?
Lito Nebbia afirmaba que “si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia”.
Y esto nos introduce a un tema fundamental ¿qué es la verdad?, ¿quién tiene la verdad? La historia y el pasado necesitan ser contados, relatados, pero los diferentes relatos responden a, también diferentes, intereses. Por eso, como bien sostiene Nebbia, no hay una sola historia. Y eso nos obliga a realizar un ejercicio crítico de la memoria, para poder reconocer qué intereses defendemos cuando nos apropiamos de un relato, lo tomamos como verdadero y lo reproducimos.
Y aquí también se trata de una opción ético-política: ¿hacemos nuestros aquellos intereses que defienden privilegios? ¿Hacemos nuestros aquellos intereses que defienden a élites económicas que sostienen un mundo con miles de millones de personas hambreadas, con guerras por recursos energéticos y con un futuro ambiental temerario? ¿Seguimos sosteniendo en nuestras escuelas el relato de la tradición histórica mitrista o, lo que es peor, las vaciamos de contenido histórico? O, en cambio, ¿optamos por la verdad que nos cuentan las víctimas? ¿optamos por la verdad que aún siguen buscando cientos de niñas y niños apropiados? ¿optamos por la verdad que, en un grito mudo, nos cuentan, y a la vez reclaman, cuerpos enterrados en fosas comunes?
Pero esta disyuntiva no sólo refiere al pasado, sino también al presente, un presente en el que “la verdad” es una mercancía que ofrecen en el mercado grandes empresas de medios de comunicación y redes sociales, dejándonos atrapados en una marea de noticias falsas.
Pero tengamos bien claro algo, esos otros relatos defienden los intereses económicos de grupos concentrados, nacionales y transnacionales, y siempre son contrarios a los del pueblo. En nuestra patria, fueron necesarios siempre estos golpes de Estado violentos, ilegales y asesinos para doblegar a las mayorías populares y así poder apropiarse de nuestras riquezas, las naturales y las producidas por el pueblo trabajador. En el presente, han modernizado sus tácticas y ya no recurren a la represión, al secuestro o la desaparición para imponer sus políticas, sino que son mucho más sutiles, pero no por ello menos peligrosas; hoy nos endeudan para esclavizarnos económicamente y nos bombardean con “sus verdades”, “sus relatos”, generando una aculturación, una apolitización tan grande, que termina conduciéndonos hacia el fracaso, cual flautista de Hammelin.
¿Por qué JUSTICIA?
La Justicia es la única reparación posible, porque, en principio, es la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, es construcción de memoria. También es la garantía del bien común. Pero, fundamentalmente, es dar a cada uno lo que merece, es castigo a los culpables.
Lamentablemente, al igual que los relatos históricos y actuales, la justicia (y en este caso me refiero al Poder Judicial, no a la Justicia como concepto) también se encuentra atravesada por intereses que, en la mayor de las veces, son contrarios a los intereses populares (sólo basta recorrer las cárceles del mundo y comprobar la clase social a la que pertenecen los reclusos).
Y así como nuestro país, en algún momento, fue un ejemplo mundial por haber realizado el Juicio a las Juntas Militares, también fue noticia cuando, en mayo del 2017, la Corte Suprema falló a favor de aplicar el beneficio del 2 por 1 a represores y miembros de la última dictadura cívico-militar.
Y entonces ahí apareció el pueblo que, retomando y continuando con una larga tradición de participación popular y apropiación del espacio público, y manifestándose de manera masiva, impidió que semejante tropelía se cometa y que triunfe el olvido y la impunidad.
La Justicia, como valor ético, también es un ejercicio colectivo. La lucha y el reclamo populares son la única garantía para que el Poder Judicial cumpla su mandato constitucional.
Por eso es necesario seguir estando en las calles, seguir reclamando, seguir luchando, seguir exigiendo MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
Nunca más, alegato del fiscal Julio César Strassera:
Señores jueces: los padres de nuestra Patria, en la época en que realmente
estaba en juego nuestro destino como Nación, nunca aceptaron utilizar métodos
ilegales o clandestinos. Los primeros gobiernos patrios dictaron normas que
resaltaban el valor y la dignidad del individuo. Por cierto que en aquellas
tumultuosas épocas hubo que adoptar medidas extremas; repárese que la Junta de
Gobierno de aquellas épocas tuvo que resolver, como uno de sus primeros actos,
el fusilamiento de los máximos héroes de la resistencia a las invasiones
inglesas, Santiago de Liniers y Martín de Álzaga.
La Junta, que sólo se estaba consolidando, tuvo que tomar
así una decisión que podía acarrearle una gran oposición. Sin embargo, a nadie
se le ocurrió simular que Liniers se fugaba o que había sido matado por un
grupo de forajidos. La Junta asumió la responsabilidad y los hizo fusilar; los
acusados no sólo facilitaron la desaparición o muerte clandestina de personas,
como Hidalgo Solá o Elena Holmberg, que podían causarles una oposición interna,
sino que, en lugar de condenar y fusilar como sus propias leyes lo establecían,
a los jerarcas guerrilleros responsables de secuestros y muertes, los mataron
clandestinamente, junto con otras miles de víctimas, cuando no los dejaron en
libertad, con oscuros propósitos. (…)
En la proclama del 8 de setiembre de 1820 en el Perú, San
Martín expresó: «Soldados del Ejército Libertador, no venís a hacer conquista,
sino a libertar a los pueblos que han gemido. La ferocidad y la violencia son
crímenes que no conocen los soldados de la libertad, y si contra todas mis
esperanzas, algunos de los nuestros olvidasen esos deberes, declaro que serán
inexorablemente castigados; todo el que robe o tome con violencia, será pasado
por las armas… (…); todo exceso que ataque a la moral pública o a las
costumbres del país, será castigado hasta con la vida. Soldados, toda la
América contempla… (…) Desgraciado el que quebrante sus deberes y sirva de
escándalo a sus compañeros de armas. Yo lo castigaré de un modo terrible».
(…) No sólo los ejemplos patrios nos enseñan que el Estado
no puede adoptar métodos ilegales para resolver los problemas que se presentan
en una sociedad. Ni las convenciones internacionales, ni la Constitución
Nacional, ni la Iglesia, ni los autores internacionales lo aceptan. Por eso
Massera tenía razón cuando le dijo a Timmerman que si el Papa se enteraba no
les iba a permitir continuar haciendo lo que hacían. Juan Pablo II, el 6 de
octubre de 1979, afirmó en la O.E.A.: “Si bien a veces pueden aplicarse medidas
especiales para garantizar la seguridad de las personas, ellas nunca, jamás
justifican un ataque a la dignidad inviolable de la persona humana y a los
derechos que protegen su dignidad. Si cierta ideología y ciertas formas de
interpretar la legítima preocupación por la seguridad nacional dieran como
resultado el subyugar el Estado, al hombre y sus derechos y dignidad, ellas
cesarían en la misma medida de ser humanas, serían imposible compaginarlas con
un contenido cristiano”.
Castigo
Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el
doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas
tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror
registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.
Dante Alighieri, en La Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo
del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los
demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de
sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados…
Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los
procesados, si bien no puedo descartar que otro tribunal, de aún más elevada
jerarquía que el presente, se haga oportunamente cargo de ello. Me limitaré
pues a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo.
Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena
son importantes y necesarios para la Nación Argentina, que ha sido ofendida por
crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la
impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a
niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el
asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que
el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones,
yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una
ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral; a
partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su
autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituye la nación y
su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión
ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y
necesarios para las fuerzas armadas de la Nación. Este proceso no ha sido
celebrado contra ellas sino contra los responsables de su conducción en el
período 1976/82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de
los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se les endilgan
delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en
juego, sino, precisamente, la comisión de actos reñidos con el honor militar.
Y, finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas
Armadas, sino para señalar y excluir a quienes la infamaron con su conducta.
(…)
Las penas
Por todo ello, finalmente, este juicio, esta condena, son importantes y
necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta
reparación (…)
Los argentinos hemos tratado de obtener la paz, fundándola
en el olvido y fracasamos; ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías.
Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y del exterminio del
adversario y fracasamos; me remito al período que acabamos de describir. A
partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad
de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la
violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la
última. Por estas consideraciones acuso a los aquí procesados por los delitos
que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se
los condene a las siguientes penas:
Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua, con la accesoria
del art. 52 del Código Penal;
Emilio Eduardo Massera, reclusión perpetua, más la accesoria del art. 52
del Código Penal;
Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua;
Roberto Eduardo Viola: reclusión perpetua;
Armando Lambruschini: reclusión perpetua;
Leopoldo Fortunato Galtieri: 15 años de prisión;
Omar Rubén Graffigna: 15 años de prisión;
Jorge Isaac Anaya: 12 años de prisión;
Basilio Lami Dozo: 10 años de prisión.
Para todos con accesorios legales y costas. Señores jueces:
quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar
esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque
pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’.”
